Con la participación de médicos y abogados, se realizó el segundo plenario sobre aborto

El plenario de comisiones del Senado escuchó a expositores a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo un contrapunto entre Pichetto y Mayans por la objeción de conciencia.

El Senado fue escenario de la segunda audiencia pública sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en un plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales. En su mayoría médicos y abogados, los oradores a favor y en contra de la despenalización y legalización del aborto desfilaron por el Salón Illia.

A favor de la iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara baja, Andrés Gil Domínguez afirmó que el proyecto “no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional para que el Senado sancione la ley”. Asimismo, el abogado constitucionalista sostuvo que “tampoco viola” la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos del Niño.

En este sentido, recordó la recomendación del Comité de los Derechos del Niño que “le ha dicho al Estado argentino que tiene que garantizar el acceso de las niñas y adolescentes a los abortos legales contemplados y tiene la obligación de despenalizar el aborto”. Por otra parte, negó que el proyecto conculque la objeción de conciencia.

A su turno, Natalia Gherardi rechazó que el debate esté centrado en la concepción porque eso “ya se discutió” cuando en 1921 el Congreso decidió que “las mujeres no podíamos ser obligadas a poner en riesgo nuestra vida para llevar adelante un embarazo ni a continuar un embarazo producto de una violación, negando nuestra autonomía y nuestra dignidad”. Por eso, la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) remarcó que “no estamos en un contexto de prohibición absoluta”.

También a favor de la norma, Mariela Belsky recordó las recomendaciones hechas al país por parte de organismos internacionales para que legalice el aborto y consideró que “corresponde a este Congreso hacerlas efectivas” y “la manera de hacerlo es mediante la sanción de esta ley”.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional señaló que “la discusión sobre cuándo comienza la vida humana no es algo que el derecho puede ni va a resolver porque se trata de un interrogante sobre el que no existe consenso ni en la ciencia, ni en la filosofía ni en la teología”. Y agregó: “para Amnistía Internacional si sólo se despenaliza el aborto, este Congreso está avalando que en el país se sigan realizando abortos clandestinos”.

En contra de la interrupción voluntaria del embarazo, el director del Centro de Bioética, Nicolás Lafferiere, cuestionó que la media sanción “no propone nada para solucionar las causas de la vulnerabilidad, incluso genera condiciones jurídicas para que se consolide una mentalidad que exalta la autonomía y descarta la vida vulnerable”.

Para el abogado, “el problema de la eliminación de personas con discapacidad subsiste” pese a las modificaciones que se realizaron sobre las causales de aborto -se cambió “malformaciones graves” por “inviabilidad de la vida extrauterina del feto”-.

Otra de las voces que rechazaron la iniciativa fue la del abogado Alberto García Lema, quien recordó que en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional “tuvimos que incorporar, fundamentar y hacer salvedades de importancia para el debate que se está teniendo: se enunciaron todos los tratados a los que se les dio rango constitucional y se incluyó la frase ‘en las condiciones de su vigencia’”.

En este sentido, el convencional constituyente explicó que “la incorporación de los tratados internacionales deben estar de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución” y “las recomendaciones, observaciones o disposiciones” de los organismos de aplicación también tienen que “estar de acuerdo con los principios del derecho público”.

Alertando sobre la cuestión de la objeción de conciencia y las sanciones para los profesionales de la salud, la ginecóloga María de los Ángeles Carmona manifestó que “los médicos no podemos trabajar bajo presión de cárcel”. Pero Miguel Pichetto, titular del bloque Justicialista, salió al cruce de la médica y le advirtió: “En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”.

Esa posición generó un contrapunto con otro integrante del bloque peronista, José Mayans, quien se diferenció de Pichetto. “Yo disiento con el presidente del bloque. Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, todos, el sector público y el sector privado. No es que sale una ley para el sector público o para el sector privado”, dijo.

Otra de las expositoras de la jornada fue la directora del CONICET, Dora Barrancos, quien se refirió a “la larga legitimidad social de la práctica del aborto en nuestro país como contracara con su penalización y su clandestinidad”.

“No hay estado de ciudadanía sin determinación sobre nuestros cuerpos. Hay una ciudadanía en mengua de las mujeres. El Estado le debe devolver a las mujeres la plenitud del deseo sexual equivalente a la de los varones”, sostuvo la historiadora feminista.

Al final del plenario disertó la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, quien habló desde la óptica de la progresividad del derecho y se cruzó con la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, una de las líderes del sector antiabortista.

Kemelmajer admitió el derecho a la vida desde la concepción, pero explicó que en el caso del aborto este derecho entra en conflicto con el derecho de la mujer a la autonomía sobre su cuerpo. “En el primer trimestre, como el feto no tiene suficiente desarrollo, le damos más peso al derecho a la autonomía de la mujer”, señaló, y agregó que a la inversa, “cuando el feto tiene más desarrollo se restringe la autonomía de la mujer” pero no se elimina, sino que se limita a las causales de aborto no punible.

Esta exposición fue cuestionada por Elías de Pérez. “No encuentro la regla de proporcionalidad. El ser humano se juega la vida, y por otro lado estamos hablando de la autonomía de la mujer”, advirtió la tucumana, sentada en primera fila y muy activa en el plenario.

Sin embargo, Kemelmajer insistió en que en el caso del feto “esta vida está dentro de otra persona, dependiendo absolutamente de otro cuerpo; entonces cuando los intereses de ambos son convergentes, el ordenamiento le presta plena protección a esa persona”.

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